653 días

por Viviana Palma

Artículo 86: el cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

El «¡fuera Peña!» parece un grito de guerra impaciente luchando por ser escuchado en un país indiferente. Con un índice de rechazo del 86% registrado en enero de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto sigue escondiéndose debajo de las faldas del Estado Mayor Presidencial. Sin conferencias de prensa, el Licenciado sólo se presenta en los eventos gubernamentales indispensables. Protegido ante los quejidos de los manifestantes, como un niño iluso viviendo en su jaula de oro. Últimamente, no se ha presentado delante de un público que no esté comprado por una torta y una coca light. A todos lados lo acompaña un ejercito de militares, listos para bloquear las calles para evitar que el Presidente vea el descontento del pueblo a primera mano. ¿Por qué Peña Nieto no enfrenta el descontento si está tan defendido por la Constitución? ¿Por qué no se defiende? ¿Porqué no da la cara?

¿Porqué no da la cara? Este mantra hace eco en todo el país, desde Baja California a Quintana Roo, y aún así parece no llegarle al Señor Presidente. Ni él ni sus asesores políticos toman este movimiento social de rechazo seriamente –¿deberían? El reciente «gasolinazo» parece ser una gota de agua más en un vaso que aún no se derrama. Las estrategias políticas del Secretario de Hacienda Meade funcionan como una curita en el frágil tejido social. El retraso del gasolinazo sólo debería ser un alivio temporal; ¿dónde esta la solución para la economía personal de los mexicanos? La frustración del país para quitar a EPN de su puesto está justificada, pero el proceso para destituirlo no es nada simple.

En los últimos 25 años, 17 presidentes fueron destituidos legislativamente en Latinoamérica, pero en nuestro país la impunidad política es un privilegio que otorga la inmortalidad. Internacionalmente, un escándalo político es suficiente para enterrar a un político. De Corea del Sur a Perú, un artículo sobre fraude fiscal o un conflicto de intereses puede acabar la carrera política de cualquier mandatario. Desde la campaña electoral del 2012, Tlatlaya, la Casa Blanca, Ayotzinapa, hasta el plagio de su tesis, el gobierno presidencial ha perdido toda su legitimidad para contrarrestar un juicio. El Licenciado Enrique Peña Nieto ha sido el protagonista de tantos escándalos centrados en la corrupción, que existen suficientes fundamentos y evidencias para llevar acabo un juicio político condenatorio en cualquier país que no sea México.

Buscando la posibilidad para destituir a un mandatario mexicano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra una pared jurídica. El Artículo 108 Constitucional dice que el Presidente, durante el tiempo en su cargo, solamente podrá ser acusado «por traición a la patria y delitos graves del orden común». Según Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, «sería complicado que haya una causa grave en este sentido, porque, en cierta medida, el tema se originó en el Municipio, y luego en el Estado, pero no necesariamente en la Federación, por lo que sería difícil que el Congreso encontrara una causa grave».

La destitución de Enrique Peña Nieto es claramente imposible, la Constitución Mexicana es su mejor aliada. Parece que todas las marchas a favor de los Derechos Humanos y los derechos civiles no tienen peso. Lo único que les queda a los mexicanos es su voto. El voto de castigo es la única herramienta con la que contamos. Faltan 653 días para que se acabe el sexenio de nuestro actual Presidente. 653 días para entrar a otro sexenio vacío. Empieza la cuenta regresiva para el primero de diciembre de 2018. Y, si la frustración de los mexicanos sigue aumentando, el Presidente de la Nación va a ser el que cuente los días con más desesperación.

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